丸ノ内olれいな

En el último momento, los diputados macronistas que habían impulsado una polémica proposición de ley “destinada a luchar contra las nuevas formas de antisemitismo” han anunciado la retirada del texto, que debía ser debatido en la Asamblea Nacional desde este jueves y había sido criticado por amenazar la libertad de expresión, en particular cualquier crítica a Israel–.

Estaba previsto que el texto fuese examinado en sesión plenaria durante dos días, como antesala de una votación programada el próximo 5 de mayo. Presentado por la diputada centrista Caroline Yadan (elegida en una de las circunscripciones en las que votan franceses residentes en países extranjeros) y respaldada por miembros del Gobierno, el texto de la proposición prevé endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.

“Desde principios de semana, Francia Insumisa se dedica a un juego de obstruccionismo manifiesto con el objetivo de impedir el examen”, denunció el grupo macronista en un comunicado este jueves, en referencia al partido de izquierdas. “Parece claro que este texto no tendrá tiempo de ser examinado esta semana”.

En el mismo comunicado los diputados que impulsaron la proposición se felicitan de haber conseguido que el Gobierno se haya “comprometido a presentar un proyecto de ley que recoja la totalidad” de su propuesta. Y afirman que dicho texto será “presentado la semana del 22 de junio de 2026” con un examen que comenzaría en el Senado.

Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por varios medios franceses ponen en duda que el futuro proyecto de ley retome la totalidad del texto. En la plataforma X, Caroline Yadan optó por celebrar la retirada como una “victoria” y afirmó: “LFI lo ha perdido todo: al intentar obstaculizar el examen de mi proposición de ley, lo único que han conseguido es reforzar nuestra determinación y el alcance de este texto”.

Ralentizar el proceso

Desde la mañana del jueves, los diputados de los partidos de izquierda habían concretado sus amenazas de ralentizar todo lo posible el examen del proyecto de ley sobre la ampliación de la detención administrativa de determinados extranjeros sujetos a órdenes de expulsión. Se trata del texto que la Asamblea examinaba antes de pasar a la ley Yadan, y que los diputados progresistas utilizaron —más allá de su oposición real a este texto— para retrasar el examen de la proposición de ley.

Así, multiplicaron las invocaciones al reglamento, las solicitudes de suspensión de sesión y alargaron las intervenciones. La presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, lo había anunciado los días previos, señalando que harían “todo lo que estuviese en sus manos” para impedir que la proposición de ley Yadan fuese aprobada.

Jean-Luc Mélenchon ha aplaudido, en un mensaje publicado en X, “la resistencia parlamentaria” que ha hecho posible la retirada. “Los apologistas del genocidio han fracasado”, escribió. Por su parte, el Partido Socialista ha hecho un llamamiento a una reforma total del texto, pidiendo “un trabajo transpartidista [para frenar] el auge del antisemitismo, con el fin de combatir a los enemigos de la República sin renunciar a los principios en los que se fundamenta”.

Críticas

La proposición de ley aspiraba, entre otras cosas, a añadir a la legislación francesa el delito de “instar públicamente a la destrucción de un Estado reconocido por la República Francesa, en desconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación y de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. También, a ampliar los delitos de apología y de incitación al terrorismo, al establecer que pueden cometerse “incluso de forma implícita” y también al considerar como actos de terrorismo “delitos y faltas de colaboración con el enemigo, incluso si éstas no han dado lugar a la condena de sus autores”.

La proposición fue presentada con el apoyo y la firma de más de 100 diputados, fundamentalmente del bloque macronista y de la derecha de Los Republicanos, y se preveía que contase con el voto favorable de la extrema derecha.

Sin embargo, en los últimos meses, diferentes protestas y tribunas en prensa han reaccionado al anuncio de la proposición de ley denunciando la voluntad de vincular directamente antisionismo y antisemitismo. También de criminalizar cualquier crítica a Israel y de limitar la libertad de expresión bajo la amenaza de sanciones económicas o penales (la provocación a cometer crímenes y delitos podría suponer penas de hasta cinco años de prisión y 45.000 euros de multa).

La proposición había creado malestar incluso en el bloque de centro, que ya venía dividido de los últimos votos en la Asamblea. El grupo MoDem, uno de los partidos que apoya al Gobierno, había sugerido una retirada temporal de la proposición de ley, al considerar que la coyuntura internacional no era adecuada para mantener “debates serenos”. Finalmente, el partido anunció que no votaría a favor de tramitarse inmediatamente, lo que dejaba dudas sobre su posible aprobación en la Asamblea.

El miércoles por la noche, el Sindicato de la Magistratura francés publicó un comunicado en el que denunciaba un texto “inadecuado para el trabajo de los jueces y, además, peligroso para las libertades públicas”. Una petición en línea en la que se instaba a los diputados a votar en contra del texto superó esta semana las 700.000 firmas. El mismo jueves se habían convocado varias manifestaciones y el mundo universitario había multiplicado las tribunas en contra en los últimos meses.